La Cámara Federal de San Martín confirmó en las últimas horas que el gobierno de Javier Milei debe poner en marcha la Universidad de Pilar, que fue creada por una ley aprobada en el final del gobierno de Alberto Fernández.
La noticia se suma a la existencia de una partida prevista en el proyecto de presupuesto nacional 2025 para la puesta en marcha de la nueva universidad. Son 800 millones de pesos, un monto exiguo para el funcionamiento de la casa de estudios pero que ratifica el reconocimiento de su existencia. A la vez, otra partida de 9 mil millones para "universidades de reciente creación" podría engrosar los fondos, aunque aún quede lejos de lo que necesitaría para ponerse en marcha:
El fallo dado a conocer el miércoles está firmado por los camaristas Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández. En su parte resolutiva ratificó una sentencia anterior del juez de primera instancia Adrián González Charvay, que había declarado inconstitucional la decisión del Ministerio de Capital Humano de suspender la aplicación de la ley de creación de la universidad.
La resolución de la cartera de Sandra Pettovello dispuso la "revisión de creación e inicio de actividades académicas de nuevas instituciones universitarias nacionales".
El objetivo de esa decisión de Capital Humano fue -según se enunció- "determinar si el procedimiento administrativo exigido por la Ley de Educación Superior para crear nuevas universidades fue debidamente cumplido" y "si las condiciones allí establecidas fueron realmente satisfechas".
Anuncio El intendente Federico Achával encabezará este viernes un acto en el Pellegini. En la invitación que está circulando entre sectores de la comunidad, se anticipa un "importante anuncio para nuestro distrito". Será a las 18.
Paso a paso
La Cámara recordó en su fallo que el 12 de octubre de 2023 fue publicada en el Boletín Oficial la ley 27.728 que creó la Universidad Nacional de Pilar; que el 10 de noviembre de 2023 se designó como rectora organizadora de esa universidad a Elizabeth Diana Wanger y que el 19 de noviembre de 2023 se firmó el convenio de comodato entre la Municipalidad de Pilar y la Universidad Nacional de Pilar para el funcionamiento de su sede en el predio del Instituto Carlos Pellegrini, "permitiendo contar con las instalaciones para comenzar con las actividades académicas, instalar las oficinas administrativas, las aulas y los espacios para realizar los concursos de docentes".
El fallo de este miércoles también consignó que el 5 de diciembre de 2023 "la Secretaría de Políticas Universitarias asignó y transfirió a la Universidad Nacional de Pilar la suma de $400.000.000" para solventar los gastos de la puesta en marcha de la universidad.
La Cámara advirtió que "las instituciones universitarias nacionales son personas jurídicas de derecho público, que solo pueden crearse por ley de la Nación, con previsión del crédito presupuestario correspondiente y en base a un estudio de factibilidad que avale la iniciativa. El cese de tales instituciones se hará también por ley. Tanto la creación como el cierre requerirán informe previo del Consejo Interuniversitario Nacional".
Tras la ley de creación de la universidad, "se llevó a cabo todo un procedimiento administrativo -constituido por diferentes pasos- para la puesta en funcionamiento de la casa de estudios, habiéndose dictado al efecto distintos actos administrativos que, como tales, fueron debidamente notificados, produjeron efectos y generaron derechos subjetivos en sus destinatarios", recordó la Cámara.
Por eso, dijeron los camaristas, un mero acto administrativo no basta para frenar la puesta en marcha de la universidad. Eso requería un trámite judicial.
Con estos fundamentos, Salas, Morán y Fernández resolvieron "desestimar el recurso de la demandada (el Gobierno) y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada", en alusión a la decisión del juez que declaró inconstitucional la decisión de Capital Humano contra la puesta en funcionamiento de la Universidad de Pilar.
(pilaradiario)
